31 octubre 2011
30 octubre 2011
España habla,Finlandia hace.Así lucha contra la corrupción
Finlandia ha sido reconocida internacionalmente como la nación menos corrupta del planeta, una parte de ese logro recae en la estricta moralidad imperante en el país, a pesar de ello, y para facilitar la transparencia, también cuenta con un conjunto de principios enfocados a evitar el abuso de poder y que son insólitos en la cultura española. Esta es la manera con la que Finlandia lucha contra la corrupción:
PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en España y que la justicia no pudo castigar.
SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no solo contrarias a la ética sino ilegales.
TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos de Madrid.
CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en "City managers", es decir, en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía popular). Helsinki es la excepción a este modelo.
QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática. En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.
SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso. Al igual que el órgano político principal de las ciudades es la Asamblea popular (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.
SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los ministerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos internos dentro de su partido (caso español). En Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben 200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las administraciones.
OCTAVO: Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época. Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad.
PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en España y que la justicia no pudo castigar.
SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no solo contrarias a la ética sino ilegales.
TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos de Madrid.
CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en "City managers", es decir, en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía popular). Helsinki es la excepción a este modelo.
QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática. En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.
SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso. Al igual que el órgano político principal de las ciudades es la Asamblea popular (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.
SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los ministerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos internos dentro de su partido (caso español). En Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben 200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las administraciones.
OCTAVO: Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época. Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad.
23 octubre 2011
La élite social en el capitalismo
Una gran empresa está formada por tres tipos generales de invididuos. A saber, los trabajadores, los directivos y los propietarios. Los trabajadores son los que están en la base de la empresa, y reciben un sueldo establecido de antemano o, a lo sumo, dependiente del ciclo de operaciones productivas (como en el caso de las comisiones); los directivos son los que toman las decisiones y los que forman, en gran medida, los consejos de administración, y su cometido actual es hacer de puente entre las decisiones básicas que toman las empresas y los intereses de los propietarios; y los últimos, los propietarios, son en las empresas cotizadas los accionistas, y pueden ser individuos o entidades impersonales como los fondos de inversión colectiva.
El papel crucial reside, a efectos de lo que aquí quiero ilustrar, en los directivos. Son, en sentido estricto, los verdaderos mandamás de las empresas. Toman todas las decisiones importantes y son los responsables de moverse políticamente para influir, en beneficio de la empresa, en el entorno institucional. Decisiones tan básicas sobre cuánto se ha de invertir, dónde se ha de hacer, cuánto beneficio se distribuirá entre los accionistas, cuánto beneficio se quedará en el seno de la empresa y hasta cómo y cuándo se ha de reestructurar laboralmente una empresa son parte de sus funciones.
En el incipiente capitalismo del siglo XIX estas funciones estaban adosadas a la figura del propietario, quien adelantaba el capital necesario para invertir y se mantenía en el timón de la empresa por largo tiempo. A lo largo del desarrollo del capitalismo todo esto fue cambiando y hoy esa figura del capitalista activo ya es completamente residual, primando la división de poder descrita más arriba.
Uno podría pensar, si se mantiene en el marco de la teoría, que los individuos que forman esos consejos de administración son los mejores trabajadores de la empresa, aquellos que tienen mejores aptitudes y una excelente visión estratégica. La realidad, sin embargo, dista mucho de ser esa. Los consejos de administración son hoy formados por individuos con recursos, pero no de tipo cultural sino de algo que en teoría de la empresa llaman, en sentido amplio, capital relacional. Ese palabro hace referencia al “valor” que una persona cualquiera tiene por su capacidad para aportar a cualquier proyecto -empresarial- una determina cantidad y calidad de contactos políticos y empresariales.
Así, existe un mercado para la compra de este tipo de “directivos”. Y como son sujetos muy codiciados, el precio es alto. La procedencia de la mayoría de estas grandes estrellas es el mundo político. Ahí tenemos al ex presidente español Jose María Aznar siendo consejero de News Corporation, el entramado financiero de Murdoch y propietario de una lista casi sin fin de medios de comunicación, los ex ministros populares Rodrigo Rato, Abel Matutes o Isabel Tocino que lo son en el Banco Santander, el ex primer ministro británico Tony Blair que recaló en el gran banco JPMorgan, el ex presidente del PP catalán Joseph Piqué que está en Vueling, el también ex ministro popular Eduardo Zaplana que está en Telefónica, el ex presidente alemán Gerhard Schröder que está en la multinacional rusa GazProm, etc.
Además, estas grandes empresas son ya enormes conglomerados financieros u holdings, es decir, instituciones financieras creadas para detentar la propiedad de múltiples empresas distintas que operan en sectores muy distintos también. Es el caso paradigmático del grupo Carlyle, que es propietario de más de 900 empresas en sectores como la seguridad privada, la aviación, los medios de comunicación, la informática, la biotecnología, las empresas farmacéuticas, y un largo etcetera que puede consultarse libremente en su web. En este caso entre sus directivos y consejeros se encuentran ex presidentes de bancos centrales, de la SEC estadounidense, de instituciones de regulación financiera de todo el mundo, de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, etc.
Pero no se podrían enumerar todas las pruebas empíricas aquí. En todo caso, baste saber que la última noticia de este tipo ha sido el fichaje de la esposa del recién nombrado viceprimer ministro británico Nick Clegg, por parte de Acciona. Un gran capital relacional adquirido para la empresa española, sobre todo si sus estrategias de inversión apuntan al Reino Unido.
El profesor Santos Castroviejo hizo un extraordinario trabajo de recopilación de información sobre los consejeros de administración de las empresa cotizadas en la bolsa española. Utilizando grafos pudo establecer gráficamente las redes sociales de las empresas españolas y es que, como es lógico en un mercado de este tipo, cualquier persona puede ser consejera de dos o más empresas al mismo tiempo. El gráfico siguiente es el ejemplo de Unión Fenosa.
Los puntos amarillos en el gráfico son los consejeros de Unión Fenosa en 2008, y los puntos verdes son otras empresas ajenas a Unión Fenosa pero de las cuales cada punto amarillo es también consejero. Es evidente que las relaciones son estrechas.
La conclusión del estudio fue aplastante. Había en 2008 “1400 personas –un 0.035% de la población- que controla decisivamente el recurso económico fundamental a nuestro juicio, las organizaciones esenciales de la economía, y una capitalización de 789.759 millones de euros, equivalente al 80.5% del PIB” de España.
Por eso es perfectamente conveniente hablar de élite social en el capitalismo. Son estas personas las que utilizan sus contactos en la administración pública, en otras empresas privadas, en empresas públicas, en las instituciones reguladoras, conformando un amplísimo lobby que, por otra parte, está muy bien pagado. El gráfico que acompaña está obtenido de un muy reciente estudio sobre las remuneraciones a los CEO (los altos ejecutivos), y no deja lugar a dudas.
Suelo decir que todo esto a mí me parece una versión sutil de la estructura social feudal, ya ni siquiera capitalista. Y es que toda esta historia tiene, cómo no, su otra cara de la moneda. Esta otra cara son los millones de trabajadores que se desloman trabajando a cambio de sueldos miserables, protegidos por la quimera del endeudamiento ad nauseam que opera únicamente en contextos de explosión financiera, y a cuyos hijos se les tranquiliza mediante largas promesas de buena remuneración en caso de obtener una excelente cualificación personal. Así tenemos un país lleno de estudiantes con incluso varias carreras y varios másteres, hablando idiomas y ganando, cuando tienen suerte de poder trabajar, menos de mil euros y bajo la amenaza permanente de despido a modo de espada de damocles. Un engaño que no puede durar indefinidamente.
Espíritu islandés
Inside Job, el documental sobre la crisis financiera internacional que ganó el Oscar en febrero, comienza con una postal de ensueño: Una pradera verde con casas bajas de techos a dos aguas al borde del mar y con montañas de fondo. De golpe unos subtítulos breves sitúan al espectador: “Islandia. Población: 320.000 personas. PBI: 13.000 millones de dólares. Pérdidas bancarias: 100.000 millones de dólares”. Es el relato sobre la debacle de un lugar que parecía tenerlo todo y en octubre de 2008 terminó en quiebra por la desregulación financiera y la avidez empresaria. La historia es conocida e incluso similar a la que vivió Argentina hace diez años, pero se le agregó un capítulo novedoso: el rechazo de la población, a través de dos plebiscitos, a hacerse cargo de la indemnización que reclaman Inglaterra y Holanda por la estafa que cometieron los banqueros islandeses contra ahorristas de esos países.
En 2003 este pequeño país del norte de Europa que estaba creciendo rápido de la mano de la industria pesquera, privatizó su sistema bancario y flexibilizó las regulaciones para estimular el desarrollo financiero. Ese incentivo se potenció con una política monetaria de metas de inflación, que se venía aplicando desde marzo de 2001, y que llevó a un paulatino incremento de la tasa de interés para tratar de contener los precios minoristas. Fue un cóctel explosivo que derivó rápidamente en una bicicleta financiera fogoneada por Landsbanki, Kaupbing, Glitnir, los tres grandes bancos privados del sistema.
Las entidades tomaban créditos interbancarios de corto plazo a tasas bajas en los países de la Eurozona y luego colocaban ese dinero a tasas altas y plazos más largos dentro de Islandia, orientados fundamentalmente a financiar el consumo. A partir de 2004 la banca privada incluso comenzó a desarrollar una potente expansión en el segmento de créditos hipotecarios (dominado hasta entonces por la entidad pública Housing Financing House), ofreciendo tipos de interés más bajos y plazos más largos. Además, las entidades desplegaron todos sus esfuerzos para atraer la atención de pequeños ahorristas extranjeros a través de cuentas en línea que, mediante la reducción de los costos de gestión, ofrecían tasas de interés atractivas. El caso emblemático es Icesave, una filial virtual de Landsbanki, que hizo furor entre británicos y holandeses.
El apalancamiento superó varias veces el activo de las entidades y el descalce entre los depósitos de corto plazo y los créditos de largo dejó al sistema cada vez más expuesto. El estallido de la crisis económica internacional en septiembre de 2008 marcó un final abrupto para la bicicleta financiera en el Wall Street del Artico y la burbuja estalló. En pocos días quedó claro que el sistema no podía responder a las demandas de los ahorristas que salieron a la calle con sus cacerolas. El gobierno islandés nacionalizó los bancos Landsbanki, Kaupbing y Glitnir para evitar su quiebra, pero no operó como un prestamista de última instancia para la totalidad de la deuda porque era varias veces superior al Producto Interno Bruto de la isla. Lo que hizo fue reconocerles el dinero a los ciudadanos locales y desentenderse del resto.
Londres reaccionó en defensa de los ahorristas británicos que habían depositado dinero en la filial virtual Icesave y le aplicó la ley antiterrorista para congelar sus fondos, pero eso no alcanzó a cubrir la deuda. Entonces, los británicos, junto con los holandeses, decidieron reintegrarles a sus ciudadanos el ciento por ciento de los depósitos y comenzaron luego a exigirle ese dinero a Islandia: 4000 millones de euros, un tercio del PIB islandés.
El 30 de diciembre de 2009 el Parlamento de Islandia aprobó una ley que preveía la devolución del dinero en un plazo de quince años y con una tasa del 5,5 por ciento anual, pero el presidente Olaffur Grimsson sorprendió el 5 de enero de 2010 cuando se negó a ratificar el acuerdo, tras recibir 60.000 firmas (el 25 por ciento del electorado) en contra de la ley y convocó a un referéndum para que fueran los propios ciudadanos los encargados de decidir.
Por entonces ya había trascendido que un grupo reducido de banqueros y políticos habían sido los principales beneficiados con la bicicleta financiera, acumulando fortunas. De hecho, los administradores de la liquidación del banco Glitnir presentaron una querella ante un tribunal de Nueva York contra Jon Asgeir Johannesson, ex accionista principal del banco, por “apropiación fraudulenta e ilegal de más de 2000 millones de dólares”. Sigurdur Einarsson, quien estuvo al frente del Kaupbing, también fue demandado, pues su paso por la entidad le dejó una inmensa fortuna, incluyendo una mansión de 12 millones de dólares en Chelsea, uno de los barrios más exclusivos de Londres. El listado de personas investigadas también incluyó a numerosos políticos que habían avalado la estafa, mientras se beneficiaban con créditos. Al conocer esta situación, la población se negó a socializar las pérdidas y el 6 de marzo de 2010 el “no” al acuerdo arrasó con un 93,1 por ciento de los votos.
A partir de entonces, se siguió negociando y el Parlamento cerró un nuevo acuerdo que contemplaba condiciones de pago más flexibles: 3 por ciento de interés anual en un plazo de 37 años. Sin embargo, Olaffur Grimsson se negó una vez más a convalidarlo y convocó a un nuevo plebiscito que se llevó adelante el pasado sábado 9 de abril. El resultado, una vez más, favoreció al “no” con cerca del 60 por ciento de los votos. “Hemos intentado llegar a una solución negociada. Tenemos la obligación de conseguir que nos devuelvan ese dinero y vamos a seguir persiguiendo ese objetivo”, respondió el número dos del Tesoro británico Danny Alexander, quien amenazó con llevar a Islandia a los tribunales internacionales. Es difícil saber cómo terminará el conflicto, pero la resistencia del pueblo islandés ya está haciendo historia.
En 2003 este pequeño país del norte de Europa que estaba creciendo rápido de la mano de la industria pesquera, privatizó su sistema bancario y flexibilizó las regulaciones para estimular el desarrollo financiero. Ese incentivo se potenció con una política monetaria de metas de inflación, que se venía aplicando desde marzo de 2001, y que llevó a un paulatino incremento de la tasa de interés para tratar de contener los precios minoristas. Fue un cóctel explosivo que derivó rápidamente en una bicicleta financiera fogoneada por Landsbanki, Kaupbing, Glitnir, los tres grandes bancos privados del sistema.
Las entidades tomaban créditos interbancarios de corto plazo a tasas bajas en los países de la Eurozona y luego colocaban ese dinero a tasas altas y plazos más largos dentro de Islandia, orientados fundamentalmente a financiar el consumo. A partir de 2004 la banca privada incluso comenzó a desarrollar una potente expansión en el segmento de créditos hipotecarios (dominado hasta entonces por la entidad pública Housing Financing House), ofreciendo tipos de interés más bajos y plazos más largos. Además, las entidades desplegaron todos sus esfuerzos para atraer la atención de pequeños ahorristas extranjeros a través de cuentas en línea que, mediante la reducción de los costos de gestión, ofrecían tasas de interés atractivas. El caso emblemático es Icesave, una filial virtual de Landsbanki, que hizo furor entre británicos y holandeses.
El apalancamiento superó varias veces el activo de las entidades y el descalce entre los depósitos de corto plazo y los créditos de largo dejó al sistema cada vez más expuesto. El estallido de la crisis económica internacional en septiembre de 2008 marcó un final abrupto para la bicicleta financiera en el Wall Street del Artico y la burbuja estalló. En pocos días quedó claro que el sistema no podía responder a las demandas de los ahorristas que salieron a la calle con sus cacerolas. El gobierno islandés nacionalizó los bancos Landsbanki, Kaupbing y Glitnir para evitar su quiebra, pero no operó como un prestamista de última instancia para la totalidad de la deuda porque era varias veces superior al Producto Interno Bruto de la isla. Lo que hizo fue reconocerles el dinero a los ciudadanos locales y desentenderse del resto.
Londres reaccionó en defensa de los ahorristas británicos que habían depositado dinero en la filial virtual Icesave y le aplicó la ley antiterrorista para congelar sus fondos, pero eso no alcanzó a cubrir la deuda. Entonces, los británicos, junto con los holandeses, decidieron reintegrarles a sus ciudadanos el ciento por ciento de los depósitos y comenzaron luego a exigirle ese dinero a Islandia: 4000 millones de euros, un tercio del PIB islandés.
El 30 de diciembre de 2009 el Parlamento de Islandia aprobó una ley que preveía la devolución del dinero en un plazo de quince años y con una tasa del 5,5 por ciento anual, pero el presidente Olaffur Grimsson sorprendió el 5 de enero de 2010 cuando se negó a ratificar el acuerdo, tras recibir 60.000 firmas (el 25 por ciento del electorado) en contra de la ley y convocó a un referéndum para que fueran los propios ciudadanos los encargados de decidir.
Por entonces ya había trascendido que un grupo reducido de banqueros y políticos habían sido los principales beneficiados con la bicicleta financiera, acumulando fortunas. De hecho, los administradores de la liquidación del banco Glitnir presentaron una querella ante un tribunal de Nueva York contra Jon Asgeir Johannesson, ex accionista principal del banco, por “apropiación fraudulenta e ilegal de más de 2000 millones de dólares”. Sigurdur Einarsson, quien estuvo al frente del Kaupbing, también fue demandado, pues su paso por la entidad le dejó una inmensa fortuna, incluyendo una mansión de 12 millones de dólares en Chelsea, uno de los barrios más exclusivos de Londres. El listado de personas investigadas también incluyó a numerosos políticos que habían avalado la estafa, mientras se beneficiaban con créditos. Al conocer esta situación, la población se negó a socializar las pérdidas y el 6 de marzo de 2010 el “no” al acuerdo arrasó con un 93,1 por ciento de los votos.
A partir de entonces, se siguió negociando y el Parlamento cerró un nuevo acuerdo que contemplaba condiciones de pago más flexibles: 3 por ciento de interés anual en un plazo de 37 años. Sin embargo, Olaffur Grimsson se negó una vez más a convalidarlo y convocó a un nuevo plebiscito que se llevó adelante el pasado sábado 9 de abril. El resultado, una vez más, favoreció al “no” con cerca del 60 por ciento de los votos. “Hemos intentado llegar a una solución negociada. Tenemos la obligación de conseguir que nos devuelvan ese dinero y vamos a seguir persiguiendo ese objetivo”, respondió el número dos del Tesoro británico Danny Alexander, quien amenazó con llevar a Islandia a los tribunales internacionales. Es difícil saber cómo terminará el conflicto, pero la resistencia del pueblo islandés ya está haciendo historia.
Las 10 Estrategias de Manipulación Mediática
El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios de comunicación de masas.
A continuación veremos en que consisten las 10 estrategias de manera detallada, como influyen a la hora de manipular las masas y en que se basan realmente.
1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución!
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
La manipulación mediática en apoyo de la sabiduría convencional
Se han publicado recientemente varias encuestas en los medios de mayor difusión de España, tanto públicos como privados, y tanto escritos como radiofónicos o televisivos, en las que, según los titulares subrayados (a los cuales se les da gran prominencia) en tales medios, la población en España (y también, según encuestas semejantes, en Catalunya), prefiere que se hagan recortes del gasto público a que se aumenten los impuestos. La pregunta que se hace al ciudadano en estas encuestas es si prefiere que para reducir el déficit se hagan los recortes de gasto público (alrededor de un 41% lo prefiere) o se incrementen los impuestos (aproximadamente un 35% escoge esta alternativa). Estas encuestas se han ido reproduciendo con gran frecuencia, durante varias semanas.
De estos resultados tales medios derivan que hay apoyo popular a los grandes recortes que se están haciendo de gasto público (incluyendo gasto público social, tal como gasto público en sanidad, en educación, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en pensiones, en servicios domiciliarios a las personas con dependencia, y otros), con lo cual, tales decisiones, que por lo visto reflejan un apoyo mayor que a la subida de impuestos, quedan legitimadas por un supuesto apoyo o mandato popular. De ahí la repetitividad de este mensaje en tales medios de información que intentan serlo también de persuasión.
La manera de hacer la pregunta, sin embargo, es altamente tendenciosa, y previsiblemente está orientada a dar el resultado obtenido. La categoría genérica de impuestos expresada y contrastada en estos términos despierta más animosidad que apoyo. A nadie le gusta que le suban los impuestos, y todavía menos para evitar recortes de otra categoría genérica, el gasto público, sin especificar más la naturaleza de tal gasto. La evidencia científica existente en España, incluyendo en Catalunya y en otros países, señala que la respuesta a esta pregunta depende de qué impuestos y de qué colectivos (verán aumentados sus impuestos) estamos hablando, y a qué gasto público nos estamos refiriendo. Los expertos en opinión pública en EEUU, el profesor Robert Blendon de la Kennedy School of Government de la Harvard University, y su colaborador John Benson, acaban de publicar un artículo sobre la opinión del pueblo estadounidense frente a diferentes alternativas que el gobierno federal está considerando para reducir el déficit (“Partisan Conflicts Among the Public on the Economy and Budget Deficit in 2011”), en una de las revistas de economía más conocidas en EEUU, Challenge. Tales autores muestran claramente el error de poner la pregunta en los términos que han hecho distintos medios españoles. La respuesta a la citada pregunta es muy distinta cuando se especifica el colectivo al cual se le subirán los impuestos. Así, la medida para reducir el déficit más favorecida por la población (tanto Demócratas como Republicanos, aunque más los primeros que los segundos) es aumentar los impuestos de personas que ingresan más de 250.000 dólares al año (74%-64%), apoyo mucho mayor que el de recortar el gasto publico. Otras encuestas, por cierto, muestran que tal apoyo a los recortes de gasto público, desciende incluso más cuando se especifica que tal gasto público sería en sanidad, en pensiones, en servicios para personas con dependencia, en educación o en escuelas de infancia (en este orden de impopularidad de recortes). Porcentajes igualmente altos a favor del aumento de los impuestos (62%) los tiene la eliminación de gran número de las deducciones que las grandes empresas (tanto financieras como industriales y de servicios) utilizan para reducir su carga impositiva, y que explican la enorme distancia entre lo que deberían pagar nominalmente y lo que pagan en realidad.
Unos resultados parecidos aparecerían en España si a la población se le ofreciera la siguiente alternativa: en una columna, llamada subida de impuestos, la población podría escoger subir los impuestos de las personas que ingresan más de 125.000 euros; o eliminar las deducciones de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan menos de un 0,12% de todas las empresas en España), o de las grandes fortunas o de la banca; o eliminar la utilización de los paraísos fiscales; o eliminar el fraude fiscal de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de la banca (que representan 44.000 millones de euros, que es el 74% de todo el fraude fiscal); y por el otro lado, poner una columna que ponga en lugar de recortar gastos públicos, poner como alternativas recortar la sanidad, o las pensiones, o los servicios para personas con dependencia, o la educación, o las escuelas de infancia. Si a la ciudadanía se le preguntara qué preferencias tendría para reducir el déficit si escoger las alternativas en la primera columna frente a las alternativas de la segunda, ¿habría alguien que dudara que la mayoría de la población española, frente a estas alternativas, respondería a favor de la primera columna y sus componentes (subida de impuestos) en lugar de la segunda columna (recortes de gasto público? Ahora bien, tales alternativas probablemente no las vean en gran número de medios que, más que de información, parecen ser instrumentos que intentan la persuasión que generan, reproducen y promueven la sabiduría convencional que es la sabiduría de los establishments políticos, financieros, empresariales y mediáticos del país.
Hay alternativas a los recortes
En realidad hay alternativas a los recortes que no afectarían la carga impositiva de la mayoría de la población. En lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos, bajo un supuesto e inexistente mandato popular.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros). O en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar.
El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).
Esta es la realidad ignorada en los medios que prefieren promover el punto de vista que la población prefiere que se recorten los escasamente financiados servicios públicos del Estado del Bienestar a que aumenten las aportaciones al Estado por parte de las rentas superiores que derivan sus ingresos primordialmente de las rentas del capital y/o del fraude fiscal. La falta de credibilidad de este argumento explica la enorme manipulación que estamos viendo hoy en los medios de mayor difusión del país.
De estos resultados tales medios derivan que hay apoyo popular a los grandes recortes que se están haciendo de gasto público (incluyendo gasto público social, tal como gasto público en sanidad, en educación, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en pensiones, en servicios domiciliarios a las personas con dependencia, y otros), con lo cual, tales decisiones, que por lo visto reflejan un apoyo mayor que a la subida de impuestos, quedan legitimadas por un supuesto apoyo o mandato popular. De ahí la repetitividad de este mensaje en tales medios de información que intentan serlo también de persuasión.
La manera de hacer la pregunta, sin embargo, es altamente tendenciosa, y previsiblemente está orientada a dar el resultado obtenido. La categoría genérica de impuestos expresada y contrastada en estos términos despierta más animosidad que apoyo. A nadie le gusta que le suban los impuestos, y todavía menos para evitar recortes de otra categoría genérica, el gasto público, sin especificar más la naturaleza de tal gasto. La evidencia científica existente en España, incluyendo en Catalunya y en otros países, señala que la respuesta a esta pregunta depende de qué impuestos y de qué colectivos (verán aumentados sus impuestos) estamos hablando, y a qué gasto público nos estamos refiriendo. Los expertos en opinión pública en EEUU, el profesor Robert Blendon de la Kennedy School of Government de la Harvard University, y su colaborador John Benson, acaban de publicar un artículo sobre la opinión del pueblo estadounidense frente a diferentes alternativas que el gobierno federal está considerando para reducir el déficit (“Partisan Conflicts Among the Public on the Economy and Budget Deficit in 2011”), en una de las revistas de economía más conocidas en EEUU, Challenge. Tales autores muestran claramente el error de poner la pregunta en los términos que han hecho distintos medios españoles. La respuesta a la citada pregunta es muy distinta cuando se especifica el colectivo al cual se le subirán los impuestos. Así, la medida para reducir el déficit más favorecida por la población (tanto Demócratas como Republicanos, aunque más los primeros que los segundos) es aumentar los impuestos de personas que ingresan más de 250.000 dólares al año (74%-64%), apoyo mucho mayor que el de recortar el gasto publico. Otras encuestas, por cierto, muestran que tal apoyo a los recortes de gasto público, desciende incluso más cuando se especifica que tal gasto público sería en sanidad, en pensiones, en servicios para personas con dependencia, en educación o en escuelas de infancia (en este orden de impopularidad de recortes). Porcentajes igualmente altos a favor del aumento de los impuestos (62%) los tiene la eliminación de gran número de las deducciones que las grandes empresas (tanto financieras como industriales y de servicios) utilizan para reducir su carga impositiva, y que explican la enorme distancia entre lo que deberían pagar nominalmente y lo que pagan en realidad.
Unos resultados parecidos aparecerían en España si a la población se le ofreciera la siguiente alternativa: en una columna, llamada subida de impuestos, la población podría escoger subir los impuestos de las personas que ingresan más de 125.000 euros; o eliminar las deducciones de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan menos de un 0,12% de todas las empresas en España), o de las grandes fortunas o de la banca; o eliminar la utilización de los paraísos fiscales; o eliminar el fraude fiscal de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de la banca (que representan 44.000 millones de euros, que es el 74% de todo el fraude fiscal); y por el otro lado, poner una columna que ponga en lugar de recortar gastos públicos, poner como alternativas recortar la sanidad, o las pensiones, o los servicios para personas con dependencia, o la educación, o las escuelas de infancia. Si a la ciudadanía se le preguntara qué preferencias tendría para reducir el déficit si escoger las alternativas en la primera columna frente a las alternativas de la segunda, ¿habría alguien que dudara que la mayoría de la población española, frente a estas alternativas, respondería a favor de la primera columna y sus componentes (subida de impuestos) en lugar de la segunda columna (recortes de gasto público? Ahora bien, tales alternativas probablemente no las vean en gran número de medios que, más que de información, parecen ser instrumentos que intentan la persuasión que generan, reproducen y promueven la sabiduría convencional que es la sabiduría de los establishments políticos, financieros, empresariales y mediáticos del país.
Hay alternativas a los recortes
En realidad hay alternativas a los recortes que no afectarían la carga impositiva de la mayoría de la población. En lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos, bajo un supuesto e inexistente mandato popular.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros). O en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar.
El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).
Esta es la realidad ignorada en los medios que prefieren promover el punto de vista que la población prefiere que se recorten los escasamente financiados servicios públicos del Estado del Bienestar a que aumenten las aportaciones al Estado por parte de las rentas superiores que derivan sus ingresos primordialmente de las rentas del capital y/o del fraude fiscal. La falta de credibilidad de este argumento explica la enorme manipulación que estamos viendo hoy en los medios de mayor difusión del país.
¿No hay dinero para sanidad ni educación?
El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).
Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.
Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).
Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.
Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.
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